Miguel Ángel Rodriguez Arias autor de "EL CASO DE LOS NIÑOS PERDIDOS DEL FRANQUISMO, CRIEMEN CONTRA LA HUMANIDAD".

20.12.2012 12:01

 

Miguel Ángel Rodríguez Arias en la UCLM, Carlos Sendarrubia, La Tribuna  

En el país de los niños perdidos.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.
El Plural/Diario Lanza, 1 de Abril de 2009.
Hace apenas unos meses nuestra entera sociedad se despertó, convulsionada, de un largo letargo sabiéndonos todos ya – todavía no con plena conciencia jurídica y social de sus consecuencias –, en el país de los niños perdidos. Un país en el que la represión de la dictadura se cebaría también en los niños de los defensores de nuestra Segunda República; arrebatados a sus madres en cárceles y salas de parto, secuestrados por agentes del Estado franquista en Francia y otros países para su “reintegración” a la patria. Previo cambio de apellidos y, por supuesto, de familia.

 Todo ello en nombre de la salvación de la pureza racial de la hispanidad de un supuesto “contagio rojo”, por si fuera pequeña la monstruosidad.

Es decir, el mayor caso de desaparición forzada específicamente infantil perpetrado en la Europa contemporánea, donde ni tan siquiera el caso de los niños del Lebensborn nazi de Himmler, ni otros más conocidos de fuera – como los ochocientos niños de las Abuelas de Plaza de Mayo – parecen resultar equiparables en cifras potenciales.

Un número indeterminado de personas, nuestros “desaparecidos en vida”, continúan entre nosotros desconociendo aún hoy sus verdaderos orígenes y el hecho mismo de tener seres queridos – también aún hoy – a la espera de un largamente anhelado reencuentro familiar. Demasiado largo a la vista de los ya treinta años de Constitución que acabamos de festejar. Lamentablemente no han podido ser los mismos treinta años para todos.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa nos lo había dicho ya hace más de dos años, el 17 de marzo de 2006, con escaso éxito: ya se sabe, en el país de los niños perdidos lo mejor era olvidarnos – ¿unas cuantas décadas más? – , de las violaciones de los derechos humanos de nuestros desaparecidos y sus familiares; o, mejor, hacer “memoria” de tales crímenes, pero sin hacer tampoco nada más de lo que el derecho internacional nos exige para que sus efectos cesen, que debe ser algo mucho más postmoderno y carpetovetónico.

Y así, en el país de los niños perdidos, tenemos una ley “de la memoria” que reproduce planteamientos jurídicos franquistas. No se trata de una afirmación a la ligera, sino de un elemento descriptivo y constatable: el modelo de su artículo 13 reproduce fielmente en materia de desapariciones el de la Orden de 1 de Mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos” (BOE n. 130, de 09 de mayo de 1940); el problema es que el “copia-pega” en cuestión no podría haber resultado más desafortunado a la luz de la ratificación por nuestro país, desde 1979, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos – del que bien se había guardado el cruel dictador –, y por tanto de sus artículos 2 y 13 ahora vulnerados. Entre otros.

Una ley que dictamina una “memoria” sin verdad – sin el elemental derecho a saber el paradero de los seres queridos desaparecidos –, sin dar aplicación a las obligaciones en materia de reparación a las familias, sin justicia… porque al parecer el concepto de “crímenes contra la humanidad” debe ser algo que nos reservamos sólo para Chile, Argentina… aunque los más de treinta y dos mil casos de desaparecidos sólo en Andalucía superen trágicamente las cifras de ambos países juntos; aunque otras comunidades autónomas tan insospechadas como Castilla-La Mancha, con más de siete mil ejecutados a pie de fosa, fuesen un auténtico Srebrenica tras la victoria de los golpistas-cruzados. Las cifras del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia también están ahí.

Una ley que, lamentablemente, no tiene una sola palabra para los niños perdidos, ni para sus madres, víctimas ellas mismas de “crímenes contra la humanidad” en este caso de género –, perpetrados en la esfera de la maternidad y como represalia a toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia. Pero tampoco había espacio para nada de esto en nuestra ley, “cautivos y desarmados” al parecer todavía nuestros desaparecidos 70 años después. Una ley, a decir verdad, bastante “desmemoriada”– empezando por el olvido de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos de nuestro Estado, Social, Democrático, de Derecho… –  más que una propia ley “de la memoria”.

Y por eso mismo en el país de los niños perdidos las miles de ejecuciones extrajudiciales, o los robos de bebés indefensos, sí que las pudieron llevar a cabo los agentes del Estado, pero la localización e identificación de estos mismos desaparecidos – la devolución a sus sufridas familias – según parece no.

Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor de El Caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad (Tirant Lo Blanch, Valencia).

 

Investigador del Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y autor de la obracaso

 ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro?

La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo. La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia, lo que viene a representar, además, una modalidad agravada de éste crimen contra la humanidad.

¿Cuál es la meta que quiere alcanzar?

En este sentido el objetivo del libro no puede ser otro que el poner de manifiesto todo ello: las distintas posibilidades de acción al alcance de las víctimas tanto como las, hasta ahora, completamente desatendidas responsabilidades de nuestro Estado en la tutela de sus derechos. Sin perder tampoco de vista que esta monografía es la continuación de un camino contra la impunidad y el olvido de estos crímenes iniciado en su día por otras personas como Tomasa Cuevas, Eduardo Pons Prades, Ricard Vinyes Ribas, Armengou y Belis y otros. Sin todo su trabajo previo de documentación difícilmente hubiese sido posible abordar el estudio jurídico de todo ello.

Queda, pues, mucho por hacer ¿Por dónde deberíamos empezar?

Sí, todo está por hacer. Lo primero es determinar el alcance de las desapariciones forzadas de personas con la colaboración de familiares y organizaciones sociales, tal y como ha comenzado a hacer en las últimas semanas la Audiencia Nacional. Pero sin olvidar tampoco a los niños perdidos, que no representan sino otra modalidad de desaparición forzada de personas. Junto a ello, y como ha demostrado la experiencia de otros Estados de Derecho que han debido hacer frente a este tipo de crímenes, será necesario activar los recursos institucionales necesarios, en expresión de esa misma idea ( presente en la jurisprudencia internacional) de que el Estado asuma de forma plena la búsqueda e identificación de los desaparecidos, como una tarea y responsabilidad propias, sentida como tal por todo su aparato organizativo.

Estas desapariciones masivas, ¿por qué no son un genocidio? Al fin y al cabo, los republicanos constituían para la psiquiatría oficial del régimen una suerte de plaga, una subraza de la que mantenerse alejados.

Ese podría ser un enfoque, y de hecho existe la modalidad de genocidio consistente en el traslado de niños de un grupo a otro; sin embargo, y al margen de otras posibles consideraciones abordadas en el libro, la realidad es que los defensores de la Segunda República española, y sus familiares, no constituían ningún grupo racial degenerado, al margen, fueran cuales fueran las alucinógenas representaciones de sus verdugos. Y la Convención contra el Genocidio de 1948 no contempla entre los grupos protegidos el grupo político o social. De igual manera que en otros aspectos se invoca la validez y aplicabilidad de los instrumentos internacionales, en este caso de esta misma ha de derivarse una restricción, ciertamente poco comprensible pero tan vigente, y reconocible, como todo lo demás.

 ¿Qué instrumentos deberíamos poner en marcha?

Ha llegado el momento de afrontar la activación de instrumentos como:

 a) Una Comisión Gubernamental de Búsqueda de los desaparecidos, plenamente participada por las víctimas y organizaciones como le reclamaría la Corte Interamericana al Salvador.

b) Una Base Nacional de Datos Genéticos, que con todas las salvaguardas debidas a este tipo de información permita una certera identificación de víctimas de las fosas y de niños perdidos

c) Una fiscalía especializada como han reclamado organizaciones como Amnistía Internacional o el Equipo Nizkor.

d) Una Comisión de la Verdad sobre las víctimas del crimen contra la humanidad de desaparición forzada, con las atribuciones, composición y competencias que se reflejan en los principios o­nU de lucha a la impunidad, tal y como se recoge en uno de los anexos de la monografía.

Las autoridades del nuevo Estado democrático ¿deberían asumir responsabilidades penales por omisión del deber de perseguir delitos?

Es cierto que en nuestro Código Penal se contempla esta figura en el artículo 408 del Código penal; en todo caso con todo esto más parece tomarse constancia de la idoneidad de una revisión cualificada de la misma ante el concreto supuesto de crímenes internacionales, dado el especial deber, también internacional, que concierne al Estado en el ejercicio de sus funciones. Otra cosa distinta, más allá del terreno de la omisión propia, habría de ser la posible toma en consideración de otras figuras como el artículo 176 del Código Penal en conexión al omitido deber de impedir la perpetración del trato degradante o inhumano a los familiares durante todos estos años, en especial dado el carácter de consumación permanente del delito que nos ocupa a partir de la actuación inicial de los autores materiales. En todo caso, y al margen de otras consideraciones, esa cuestión habrá de ir ligada a la propia individuación de la posible calificación de trato inhumano o degradante a las víctimas en casos concretos, que no es automática por el mero hecho de ser familiar directo de un desaparecido, como acabo de apuntar.

¿Qué podemos esperar en los próximos años?

 Junto a todo ello, de forma complementaria, o alternativa, a que nuestro Estado asuma finalmente por propia iniciativa sus responsabilidades, cabe reconocer toda una nueva dimensión de la acción internacional de las organizaciones de víctimas siguiendo el propio ejemplo reivindicativo marcado por las Abuelas de Plaza de Mayo respecto el Estado argentino; nuevas perspectivas de acción ante organismos como:

- el Comité de Derechos Humanos en virtud de la vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles, siguiendo el precedente del caso Gallichio

- el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

- nuevas actuaciones ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas o el nuevo Comité contra la Desaparición Forzada, en el concreto caso de los niños perdidos

- la presentación de denuncias, o comunicaciones de los particulares ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en los casos en los que el desentendimiento de los desaparecidos, y del sufrimiento de sus familiares, durante todos estos años, sea susceptible de ser calificado como trato inhumano por parte de las autoridades democráticas del Estado español.

- ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en cuanto al carácter de género de estos crímenes como pena inhumana, aún vigente, en la esfera de la maternidad.

Y ello sin olvidar, tampoco, la acción internacional de coordinación con otras organizaciones de derechos humanos, u otras medidas como el recurso a representantes de distintas instituciones internacionales, confesiones religiosas, o jefes de Estado y de Gobierno para que actúen una mediación humanitaria ante nuestras propias autoridades nacionales con la finalidad de que se atengan a la observancia de las “costumbres propias a las naciones civilizadas” y a las “leyes de humanidad” (parafraseando la conocida cláusula Martens de la Convención de la Haya, ratificada también por España desde 1900), dando fin a la aberrante situación de los miles de desaparecidos de las fosas comunes que continúan salpicando nuestra geografía, y del número indeterminado de niños perdidos que, todavía hoy, continúan desconociendo su verdadera identidad y de los familiares que aún esperan ese reencuentro.

O al menos eso es lo mínimo que se merecen todas estas víctimas olvidadas.

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Entrevista a Miguel Ángel Rodriguez Arias redirige a bibliografia extensa sobre la mujer ante el genocidio franquista

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