LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD

14.11.2012 18:41

Somos Sos Bebes Robados Euskadi, una asociación  compuesta por víctimas de una trata de bebés en los hospitales y/o maternidades de nuestra comunidad autónoma. Luchamos por saber la verdad, conocer el paradero de nuestros familiares desaparecidos y obtener la debida justicia.

En el otro extremo de nuestras búsquedas se encuentran hijos apropiados y adoptados. Personas con identidad falsa, que han sido inscritos como biológicos sin serlo o personas dadas en adopciones en las cuales no queda registro alguno de su origen.

Nos consideramos víctimas SOCIALES. Si anteriormente el régimen político existente propició estas desapariciones, el siguiente régimen  ha tapado estos delitos permitiendo que estos casos no se resuelvan y dando pie a que desaparezcan documentos imprescindibles para la investigación.

A pesar de ser cientos las denuncias interpuestas por nuestros afectados/as nos encontramos en completa indefensión ante la justicia de nuestros País y del conjunto del Estado español. Procesos parados, archivos provisionales y prescripciones son prácticamente las únicas respuestas que obtenemos de los magistrados vascos encargados de nuestras causas.

Estas separaciones forzosas comenzaron a realizarse durante la dictadura franquista como medida de represión y castigo a las presas republicanas. Uno de los impulsores de toda esta barbarie fue el psiquiatra Vallejo Nájera, quien afirmaba que los republicanos, socialistas, comunistas y todo aquel que no comulgara con la derecha tenía un “gen rojo” y consideraba a los libre pensadores como portadores de una enfermedad que había que extirpar de la sociedad y que la mejor manera de hacerlo era quitarles a aquellas personas sus hijos cuanto antes para evitar que se les transmitiera dicho gen.

A partir de los años 50, médicos, personal sanitario, religiosos, jueces, políticos, asistentes sociales etc., vieron en esta separación forzosa un negocio lucrativo y continuaron con estas prácticas hasta la actualidad. No olvidemos que los médicos eran parte del poder, que contaban con el beneplácito del Estado para continuar con la trata de bebés y con el de la Iglesia Católica, siempre de la mano del dictador, que veía como una amenaza a las personas de izquierdas y los consideraba enemigos de Dios.

Gracias a la impunidad con la que contaban los médicos y religiosos y asistentes sociales en el robo de niñas y niños, estas prácticas continuaron realizándose hasta bien entrada la década de los noventa. A veces amparados en el fanatismo de miembros de este sector que les hacía pensar que todo lo hacían por el bien de los menores.

Dejar claro que para nuestro colectivo no existe diferencia entre los robos perpetrados durante el franquismo o los cometidos durante la democracia católica firmada en 1978. El único nexo de unión entre nuestras madres es determinado hospital o personal sanitario, no siendo la ideología política un vínculo común entre ellas y entre las personas adoptadas y/o apropiadas el mismo asistente social de Diputación o el mismo funcionario del Registro Civil.

Teniendo en cuenta el largo periodo de dictadura que hemos sufrido, nos encontramos con una conducta típica que se siguió realizando por diversos motivos y bajo la connivencia del Estado. Todos estos crímenes atentan contra los derechos humanos fundamentales de las personas.

Nuestro objetivo es saber la verdad y recuperar nuestra historia, impedir también que sigan destruyendo las pocas pruebas que nos quedan.

Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la querella “N.N. genocidio” presentada ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Nº1, Secretaría Nº1, de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina y admitida por su titular la jueza María Servini de Cubría.

 Vemos en este proceso la posibilidad de personarnos ante este juzgado argentino a solicitar la justicia que en no encontramos en nuestro país. Muchos jueces se amparan en la prescripción de estos delitos  para no seguir investigando.

 Nosotros entendemos que son delitos de Lesa Humanidad, que han sido permanentes y que en la mayoría de los casos son delitos que aún siguen vivos.